domingo, 20 de noviembre de 2016

Mis Derechos en la web


Derecho de información: permite saber qué datos de cada individuo tiene una empresa. Se puede consultar en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. 

¿Cómo lo saben?: porque tienen el Registro Nacional de Bases de Datos, en el cual tienen que inscribirse todas las personas, empresas u organismos públicos que tienen bases de datos que excedan el uso privado.

Derecho de acceso: te permite conocer información sobre la gente, que está disponible en una base de datos. Con solo demostrar la identidad, se tiene derecho a obtener información de los datos personales incluidos en las bases de datos públicas o privadas.

El responsable de la base de datos debe abrir la información pedida, que tiene que ser clara y estar expresada en un lenguaje fácil de entender.

Derecho de rectificación o actualización: Si esos datos personales están anotados en forma incorrecta en una base de datos, existe el derecho a pedir que sean corregidos o actualizados de manera gratuita, o que no se den a conocer a otras personas.

Derecho de supresión: se puede pedir que se elimine, en forma gratuita, información sobre cada persona que sea falsa o esté disponible sin autorización del involucrado o por error.

Publicidad: está permitido el envío de mails o las llamadas telefónicas ofreciendo productos o servicios, porque tomaron los datos de una base accesible al público - como la guía telefónica-, o porque la persona facilitó sus datos de contacto. Pero está el derecho a pedir, en cualquier momento, que se elimine el nombre de esa base y para no recibir más las ofertas de esos productos y servicios. 

Los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales (infracciones que no llegan a ser un delito penal) solo pueden ser tratados por las autoridades públicas, como la Policía. Los datos sobre la salud solo pueden ser usados por los hospitales y por los profesionales de la salud (médicos, odontólogos, enfermeros, etc.), siempre respetando el principio del secreto profesional.
Lo que hay que saber 

La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (PDP) es la oficina que brinda asesoramiento y ayuda para la protección de los datos personales. Su trabajo es ayudar a la gente para que entienda los derechos que surgen de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326) y para promocionar la forma en que pueden ser ejercidos.

En la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales se obtiene asesoramiento gratuito por vía telefónica.

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales Sarmiento 1118 5º piso – CABA (011) 5300-4000infodnpdp@jus.gov.ar.

Nadie puede obligar a proporcionar datos sensibles. Solo pueden ser recolectados y usados
cuando lo autorice una ley o cuando se usen para hacer estadísticas o investigaciones científicas y no se identifique a la persona por su nombre, documento o foto. Está prohibido hacer bases de datos sensibles. Pero, por ejemplo, la Iglesia Católica, las asociaciones religiosas y las organizaciones políticas y sindicales están autorizadas a llevar un registro de sus miembros.

El mal uso del WhatsApp entre los padres puede acentuar el acoso escolar

Los famosos grupos de WhatsApp de madres y padres, que parecen haber llegado a la vida educativa para quedarse, tienen la finalidad de compartir información útil de las actividades escolares, de la vida social de los chicos, cumpleaños, fiestas y otras, pero muchas veces derivan en una herramienta para cuestionar el trabajo de los docentes, opinar sobre los vínculos de los niños y saturar de fotos y videos los teléfonos.

"A mi chiquito un par de compañeros lo tienen de punto, les pido que nos fijemos cómo educamos a nuestros hijos", un ejemplo de los mensajes que desencadenan las reacciones más variadas de los participantes del grupo, que exponen a los niños a riesgos innecesarios y no ayudan a resolver los conflictos inherentes a la convivencia escolar. 

El equipo que aborda los casos de conflictos en el ámbito escolar de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, trabaja en talleres de reflexión con padres y recomienda, como primera medida, que los temas relevantes “no deben tratarse a través de los sistemas de mensajería instantánea, ya que esto expone a los niños, no resuelve los conflictos y en muchos casos los agrava”.

Los especialistas desaconsejan plantear estas situaciones desde una perspectiva individualista, donde los niños son considerados el “problema” y proponen, por el contrario, "la participación de todos los actores sociales y la planificación de estrategias consensuadas que fomenten la inclusión, el respeto y la tolerancia".

El OVG presentó un informe ante la Relatora de Violencia contra las Mujeres a la ONU

Manifestar su preocupación frente al contexto de violencia contra las mujeres en la Provincia, es lo que expresó el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo bonaerense en un informe que le presentó a la Relatora de Violencia contra las Mujeres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Dubravka Simonovic.

El trabajo, dado a conocer en el marco de una reunión con organizaciones de la sociedad civil y organismos de control, puso el foco en el Plan de Género con el cual el Ejecutivo provincial busca concentrar recursos presupuestarios y profesionales para la creación de dispositivos institucionales que atienden la emergencia.

En este caso, el OVG puso en foco en que se deben generar políticas integrales de prevención y atención de las mujeres víctimas de violencia, es decir, aquellas que prioricen el acceso al empleo formal a programas de construcción y/o créditos, planes de acceso al suelo urbano, servicios y la regularización de la vivienda.

Además, en el informe el Observatorio señaló su preocupación frente a la persistencia de procedimientos administrativos y judiciales inadecuados a la legislación nacional de violencia contra las mujeres. Por ejemplo, la utilización de la mediación penal en casos de delitos relacionados con la violencia contra las mujeres o la vigencia de ordenanzas municipales que habilitan lugares de explotación sexual, a pesar de su prohibición establecida por normas nacional.

Por otro lado, el OVG puso el acento en las dificultades para dar una respuesta efectiva a las personas que denuncian violencia obstétrica. En este caso, el Observatorio recibió más de 70 quejas por esta modalidad de violencia. Hay casos en que, en el momento del parto, las mujeres encarceladas permanecen con grilletes en los hospitales públicos, incluso en el momento del amamantamiento. Sin embargo, no ha sido sancionado ningún profesional médico por haber ejercido violencia obstétrica.

El acceso a la Justicia también quedó reflejado en el estudio presentado a la Relatora de Violencia contra las Mujeres de la Organización de la ONU. En este caso, se observó una dispersión de procedimientos judiciales que deben enfrentar las mujeres víctimas de violencia, las actuaciones y prácticas judiciales y la falta de patrocinio jurídico gratuito.

Por otro lado, el aumento de las denuncias en el Fuero de Familia por violencia familiar no ha sido acompañado de una reestructuración institucional del fuero. Tampoco han sido elaborados directrices ni protocolos que adecuen los procedimientos y prácticas judiciales a los estándares internacionales y nacionales en materia de violencia contra las mujeres. En este sentido, el OVG detalló en el informe la necesidad de promover la creación de áreas especializadas en violencia contra las mujeres tanto en la Suprema Corte de Justicia como en el Ministerio Público.